El trágico accidente de Urda no puede quedar en la mera página de sucesos; tiene que ser la dolorosa sacudida que despierte las conciencias de quienes nos gobiernan y legislan.
Cuando también el transporte público falla de forma tan dramática, lo que se tambalea no es solo una infraestructura, sino el pacto social que sostiene nuestra convivencia.
Este horror debe obligarnos a reflexionar sobre una deriva peligrosa: cada vez que se defiende un recorte o una bajada indiscriminada de impuestos, lo que en realidad se está firmando es una merma directa en la seguridad y en la vida de los ciudadanos.
El Estado del bienestar y nuestro modelo autonómico no son gastos prescindibles ni conceptos abstractos; son el escudo real que protege a todos los españoles, sin distinción de su cuenta bancaria.
Un país no se hace grande engordando los bolsillos de unos pocos a costa de desangrar los servicios de la mayoría. La codicia y el afán privatizador que buscan convertir derechos fundamentales en negocios rentables son incompatibles con la dignidad humana. No se puede primar el beneficio económico allí donde nos jugamos la vida.
España será verdaderamente grande cuando toda su clase política entienda que su única prioridad es proteger a su gente.
La grandeza de una nación se mide por la robustez de lo público: una sanidad que cura, una educación que iguala, unas pensiones dignas, una vivienda accesible y unos transportes seguros y eficientes.
Es hora de tener memoria y asegurar un giro social y reivindicativo innegociable.
Lo público es lo único que nos pertenece a todos, y defenderlo es la única garantía de que una tragedia así no vuelva a repetirse por culpa de la desinversión y el olvido.
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